
*Se recabaron en Colima 466 quejas, 15 más que en el año de 2016; se emitieron 7 recomendaciones *Rindió su informe el Ombudsman Colimense *Las fuerzas armadas deberán volver a los cuarteles “cuando las condiciones del país así lo permitan
Al rendir su segundo informe de labores como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Colima (CDHEC), Sabino Hermilo Flores Arias, dio a conocer que durante 2017 en nuestra entidad se incrementaron las quejas por violaciones a los derechos humanos, reportándose 466 quejas, 15 más que en el año de 2016, por lo cual se emitieron un total de 7 recomendaciones.
Ante el pleno del Congreso del Estado y con la presencia del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima destacó que los hechos violatorios que dieron lugar a las 7 recomendaciones emitidas versaron sobre la vulneración a la legalidad, a la libertad, al trato digno, a la integridad y seguridad personal y a la inviolabilidad del domicilio.
Flores arias señaló que el departamento de Orientación, Quejas y Gestión, recabo 466 quejas, 15 más que en el año de 2016. A lo largo del año que se informa se atendieron 1 mil 329 personas, de estas 1 mil 84 fueron asesorías presenciales y 245 fueron asesorías telefónicas.
Asentó que estas 7 recomendaciones han derivado de la emisión de las siguientes medidas: inicio de procedimiento de investigación correspondiente para que se determine las responsabilidades administrativas o judiciales con perspectiva de género.
Se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en Derechos Humanos, así como de Actuación para la Detención de Personas.
También hubo reparación del daño moral causado; se ofrezcan disculpas públicas, y se realice la inscripción de los afectados en el Registro a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
El Ombudsman Colimense señaló que también en 2017, se formularon 4 Acuerdos o Documentos de No Responsabilidad, los cuales se generaron al arribar a la certeza de que las autoridades denunciadas “no cometieron las Violaciones de Derechos Humanos que en su momento se les imputaron, entre las que destaca la secretaria de salud y la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado”.
Afirmó que la CDHEC en la regularidad de cada caso “externa su opinión en su carácter de mediadora o de amigable componedora y solo, después de haber realizado una investigación y valorado suficientemente las pruebas, cuando está segura, de que cuenta con todos los elementos para que, con absoluta seriedad, externe que en su opinión se ha violado algún derecho humano, expide una recomendación”.
Reconoció que “al igual que en todo el mundo, en Colima siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos, por lo que la tarea del organismo defensor de los derechos humanos, está aún lejos de concluir”.
Expresó que los problemas de violencia e inseguridad son realidades que transgreden el Estado de paz al que tienen derecho los colimenses, y a consecuencia de ello, una gran parte de la sociedad ve minada la confianza en sus instituciones.
Sin embargo, reiteró que el respeto a la dignidad de las personas es perfectamente compatible con la prevención y persecución del delito, siendo el parámetro que posibilita tal cuestión el debido y oportuno ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades.
“Por graves que sean las circunstancias que atraviesa nuestro país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas”.
Se refirió a la impugnada Ley de Seguridad Pública Nacional, señalando que “la seguridad pública es una función que corresponde constitucionalmente, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil.
“Nuestras Fuerza Armadas debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable en la que el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, encargadas de las tareas de prevención e investigación del delito, y procuración de justicia, que corresponden a los tres órdenes de gobierno, sea la meta a alcanzar.
“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea, de allí nuestro rechazo conjunto de todos los organismos públicos defensores de derechos humanos, al igual que la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU y de la Comisión interamericana de derechos humanos, a la aprobada ley de Seguridad Interior.
Por último, hizo un reconocimiento al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez “por demostrar en los hechos un sólido compromiso con los derechos de los colimenses, y la franca voluntad en desplegar el ejercicio público con enfoque de derechos humanos en la compleja y difícil tarea de encabezar el poder ejecutivo Estatal, disposición que nos ha permitido avanzar con paso firme y constante en la prevención, observancia y respeto de los derechos humanos”.
A esta ceremonia asistieron el Vicepresidente la Federación y procurador de Derechos Humanos de Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alva, así como al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas Álvarez.
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