Desviar recursos de trabajadores es causa de cárcel, destitución y desafuero para servidores públicos: Riult Rivera

Administrador Colimapm | Colima | 24/05/2017

*En un futuro pueden llegar solicitudes de desafuero para alcaldes o alcaldesas por desviar recursos de trabajadores

Luego que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, denunciara que el alcalde de Colima, Héctor Insúa García, incrementó 25 millones de pesos la deuda con el sindicato, el diputado local y Presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, Riult Rivera, señaló que de acuerdo a la Reforma al código Penal en el Estado de Colima, el que un funcionario público que desvía recursos que son retenidos a los trabajadores es causa de cárcel, destitución y desafuero.

Recordó que fue en el año 2016 cuando fue aprobada la reforma al Código Penal en el Estado de Colima en donde penaliza fuertemente a las y los alcaldes y quienes tengan a su disposición el manejo de recursos públicos y les descuenten cuotas, por cualquier motivo, a los trabajadores y no sean enteradas al ente que le corresponden.

Aseguró que "eso en Colima en un delito y aquel servidor público que no lo respete tendrá las consecuencias jurídicas que el código Penal tiene".

Recordó que hace una semanas plantearon, a manera de defensa, un amparo en contra de dicha reforma alegando una supuesta inconstitucionalidad, "sin embargo fue desechado por no encontrar sustento legal, (pero) el ayuntamiento de Colima nuevamente se va en un juicio de revisión ante el Tribunal Colegiado, con sede en la capital, pero tengo la certeza que también va a ser desechado".

El legislador local mencionó que con esta reforma la penalidad máxima es de 15 años para quienes desvíe recursos de los trabajadores, "pero también trae destitución e inhabilitación y lo dejo bien claro, porque, en un futuro, pudieran llegar al Congreso solicitudes de desafuero de alcaldesas o alcaldes y van a decir que la Comisión de Responsabilidades está actuando políticamente o parcialmente, cuando quienes están reacios a observar la normatividad vigente, están incurriendo en las penalidades que corresponde".

Aunque aclaró que para el desafuero hay un procedimiento preestablecido en la propia Ley de Responsabilidades "y en este caso, si procedieran las denuncias y hubiera una solicitud por parte de la Procuraduría del Estado, tiene que dársele curso y sustentar porque se está llevando a cabo dicha solicitud de desafuero y esta es parte de la penalidad que contiene la reforma al Código Penal que está vigente, y todas y todos aquellos servidores público que encuadren su conducta en el tipo penal que se está normando pueden tener dichas consecuencias".

Riult Rivera consideró que los alcaldes deben tener asesores que les permitan tener un conocimiento suficiente de la normatividad vigente para evitar vulnerarla y tener las consecuencias jurídicas que puede contener la normatividad.