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Administrador Colimapm | Opinión | 04/08/2026

EL ORIGEN

POR: Balvanero Balderrama García

balvanero@gmail.com / @Balvanero.B

No, no me refiero a la película. Tampoco, desde una perspectiva filosófica, al origen de todas las cosas.

Me refiero a algo mucho más concreto, que actualmente ha generado un importante revuelo nacional: el origen de los derechos de las audiencias.

Equivocadamente, hay quienes atribuyen su tutela a la actual administración del Ejecutivo federal. Incluso, algunos sostienen que surgieron durante el sexenio anterior. Sin embargo, hay que retroceder un poco más, aunque no demasiado.

Formalmente, los derechos de las audiencias fueron reconocidos con la reforma constitucional de 2013 y, posteriormente, con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en 2014. Esta legislación también dio sustento jurídico a las defensorías de las audiencias y al entonces órgano constitucional autónomo encargado de hacer operativos sus principios: el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Pero vayamos un poco más atrás. Antes de la promulgación de esa ley, los derechos de las audiencias no existían de manera expresa en el marco jurídico, aunque encontraban sustento indirecto en diversos ordenamientos, como los artículos 1°, 3°, 4°, 6°, 7° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Radio y Televisión; la Ley Federal de Cinematografía; la Ley Federal de Protección al Consumidor; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

No solo eso. Antes de que las defensorías de las audiencias fueran reconocidas por la ley, ya existían experiencias concretas que colocaban el tema en el ecosistema mediático. Fueron, principalmente, los medios públicos quienes impulsaron estas figuras en los primeros años del siglo XXI. Canal Once y Canal 22 las crearon en 2007; Radio Educación hizo lo propio en 2008; el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), en 2009, y la entonces Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en 2010. Antes de la entrada en vigor de la LFTR, MVS era el único medio comercial que contaba con una defensoría de las audiencias, creada en 2011 y desaparecida en 2015.

Como puede observarse, la discusión sobre los derechos de las audiencias y sus defensorías no es reciente. Ni siquiera comenzó con las reformas de 2013 y 2014. Durante años fue impulsada por personas dedicadas a la investigación, la docencia y la academia en el campo de la comunicación, quienes advirtieron el vacío existente en la relación entre los medios y sus públicos, una relación históricamente asimétrica en la que unos cuantos concentraban la capacidad de decidir qué contenidos se difundían y cuáles no.

Por ello, la discusión actual sobre los derechos de las audiencias y la consulta pública que permanece abierta para definir los lineamientos de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en julio del año pasado, no surgieron de la nada. Son el resultado de un proceso de construcción jurídica, institucional y social que ha tomado varias décadas.

Este es un tema que nos incumbe a todas y todos. No es casual que se hable de "audiencias" en plural: existen audiencias infantiles, juveniles, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, entre muchas otras. Cada una tiene necesidades y derechos específicos que merecen ser considerados.

Por ello, vale la pena formarnos una opinión propia. Hoy circulan múltiples posturas, atravesadas por filiaciones políticas, perspectivas ideológicas e intereses económicos. Conviene ir más allá de esa disputa por el poder y aprovechar esta coyuntura para participar con propuestas en la construcción de unos lineamientos que, en última instancia, pueden beneficiar a todas y todos.