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Funcionarios públicos pueden enfrentar responsabilidades administrativas que van más allá de lo penal: Contraloría General de Colima

Administrador Colimapm | Colima | 17/07/2026

·         En Colima hay investigaciones de casos de responsabilidades a funcionarios, aseveró

 

En el marco del Noveno Encuentro de Autoridades Investigadoras y Sustanciadoras realizado en Colima, la Contralora General del estado, Isela Uribe Alvarado aseveró que además de las responsabilidades penales que puede enfrentar un funcionario, existen también responsabilidades administrativas, las cuales pueden derivar en sanciones que van desde una amonestación o una sanción económica hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

 

En este sentido, ponderó que en la entidad existen algunos casos relacionados con estas conductas; sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles para no afectar el debido proceso de las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.

 

Explicó que las autoridades investigadoras y sustanciadoras actúan como una especie de "Ministerio Público administrativo", integrando los expedientes cuando se detectan posibles irregularidades en el desempeño del servicio público.

 

Resaltó que en los casos considerados como faltas administrativas graves, como peculado, abuso de funciones o enriquecimiento ilícito, los expedientes son remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de determinar la sanción correspondiente. Cuando se trata de faltas menores, la resolución puede emitirse directamente en la vía administrativa.

 

Precisó que durante el encuentro se destacó que toda persona servidora pública, sin importar su nivel jerárquico, está sujeta a responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.

 

"Lo importante es entender que la falta no se comete como ciudadano, sino en el ejercicio del servicio público, y por ello existen sanciones administrativas independientes de las penales", se explicó.

 

Mencionó que uno de los principales objetivos de la reunión es revisar los criterios con los que las distintas entidades del país investigan, sustancian y resuelven este tipo de procedimientos, buscando mayor uniformidad en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es de observancia nacional.

 

Señaló que aunque cada estado cuenta con particularidades en su legislación, se señaló que este tipo de encuentros permite compartir experiencias y fortalecer criterios comunes, siempre dentro del marco legal.

 

Externó que como parte de los trabajos se analizarán 25 casos prácticos, entre los que destacan asuntos relacionados con hostigamiento laboral y hostigamiento sexual, conductas que, aunque también pueden estar reguladas por otras leyes, adquieren relevancia administrativa cuando son cometidas por personas servidoras públicas durante el ejercicio de sus funciones.

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