La Junta Empresarial del Estado de Colima manifiesta su preocupación y desacuerdo con la propuesta de incremento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) del 2% al 3% contenida en la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Colima que se encuentra en proceso de aprobación.
En un comunicado emitido sobre este tema, la Junta Empresarial señala que desde hace varias semanas hemos sostenido diversos diálogos con autoridades para expresarles que reconocemos la importancia de fortalecer las finanzas públicas estatales y reducir la dependencia de los ingresos federales; sin embargo, consideramos que cargar de manera directa y acelerada este esfuerzo sobre las empresas formales implica riesgos relevantes para la competitividad, la inversión y la generación de empleo en la entidad.
Señala el documento que este incremento se da, además, en un contexto nacional especialmente complejo para el sector productivo, en el que se prevén:
Aumentos significativos en el IEPS a diversos productos y servicios a partir de 2026 (en particular bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos y otros rubros), que encarecerán costos y presionarán el consumo.
Una miscelánea fiscal 2026 con mayores recargos por pagos extemporáneos y cargas administrativas adicionales para las empresas.
La expectativa de un incremento de doble dígito al salario mínimo, actualmente en discusión, que aunque busca mejorar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, incrementará de manera importante los costos laborales formales.
El debate en curso sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que si bien aún no se aprueba, se prevé sea retomado en los próximos años y podría implicar nuevos ajustes organizacionales y de costos para las empresas.
En conjunto, estas medidas conforman un entorno de creciente presión fiscal y regulatoria para el sector productivo, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la base del empleo en Colima.
Además resulta importante subrayar que la Secretaría de Planeación y Finanzas, como área responsable del diseño fiscal y presupuestal, nunca convocó a los organismos empresariales para analizar escenarios, impactos o alternativas. Esta omisión afecta la confianza en los procesos institucionales, especialmente cuando hablamos de una medida que incrementa en un 50% la carga fiscal sobre la nómina formal y que impacta directamente a miles de empleos en el estado.
DESARROLLO ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
La nueva Ley de Desarrollo Económico para el Estado de Colima establece como objetivo central impulsar la inversión, la competitividad y la generación de empleo, creando para ello el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico, la Unidad de Inteligencia Económica, el Fondo de Incentivos y la Ventanilla Única digital para trámites empresariales.
Asimismo, la Ley mandata la colaboración estrecha con el sector empresarial, la promoción de convenios con los tres órdenes de gobierno, la participación de los sectores productivos en el diseño de políticas públicas, la atracción y retención de talento, y la diversificación de la economía en cadenas de valor de mayor sofisticación.
Desde esta perspectiva, como lo hemos manifestado en las diversas reuniones de diálogo sostenidas, no es consistente impulsar simultáneamente una política económica orientada a la competitividad y, al mismo tiempo, elevar de forma significativa la carga fiscal sobre la nómina sin un diseño cuidadoso de compensaciones, incentivos y mecanismos claros de retorno en beneficios tangibles para el sector productivo.
NUESTRA POSTURA
1. Estamos en contra del incremento del ISN de 2% a 3% en los términos planteados, por considerar que:
Reduce la competitividad relativa de Colima. Aumenta los costos de operación de las empresas formales en un momento de alta incertidumbre y presiones de costos. Desincentiva la generación de nuevos empleos formales y dificulta la conservación de los existentes, especialmente en MIPyMES.
2. Reconocemos la necesidad de fortalecer los ingresos estatales y de contar con recursos suficientes para infraestructura, seguridad y programas sociales. No nos oponemos al objetivo, sino a la forma en que se pretende alcanzar, centrando la carga en la nómina sin un esquema integral que considere productividad, formalidad y competitividad.
3. Exigimos la reparación del daño patrimonial de las finanzas públicas del Gobierno del Estado que se hayan ocasionado y se deslinden responsabilidades administrativas, penales, éticas y políticas de las personas responsables. El sector productivo y la sociedad en general no deben estar pagando ni cargando con dichas afectaciones.
4. Exigimos que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado establezca los espacios de diálogo con los distintos sectores a los que representamos, los cuáles se verán afectados con esta iniciativa, para profundizar en alternativas distintas a la planteada, incluyendo lo relacionado en incrementar la eficiencia en la recaudación actual de dicho impuesto.
5. Proponemos que el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico, previsto en la Ley, se constituya a la brevedad y que el tema del ISN y su impacto en la competitividad sea uno de los primeros puntos a analizar de manera técnica, con información, diagnósticos y participación de todos los sectores.
6. Solicitamos al H. Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo se establezcan mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos adicionales que se obtengan por concepto de ISN.
La Junta Empresarial del Estado de Colima manifiesta que para lograr un desarrollo y bienestar social se requiere de un sector productivo fuerte, un entorno de seguridad y certeza jurídica, y una política fiscal que incentive la inversión, la formalidad y la innovación, en lugar de desincentivarlas.
Enfatizamos que sin empresas viables, competitivas y formales, no habrá recursos suficientes para sostener en el tiempo las políticas sociales que atiendan a las personas en situación de vulnerabilidad. Recordando que, en los hechos, es el sector empresarial quien financia estas políticas y al sector gubernamental le corresponde una administración responsable.
Reiteramos nuestro compromiso con Colima, con la legalidad, con el desarrollo económico y social de la entidad. El sector empresarial estaría dispuesto a asumir esfuerzos adicionales cuando estos respondan a causas justas y beneficios reales para la ciudadanía. Es indispensable que los recursos derivados del Impuesto Sobre Nómina se administren con absoluta responsabilidad y transparencia, asegurando su uso íntegro y sancionando cualquier desvío.
La Junta Empresarial del Estado de Colima mantendrá siempre una disposición propositiva cuando los esfuerzos compartidos fortalezcan el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra entidad.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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