BITÁCORA REPORTERIL

Administrador Colimapm | Opinión | 18/05/2022

ANTE TODO, LA TRANSPARENCIA

POR: César Barrera Vázquez

Hay que reconocerle al presidente López Obrador su compromiso con la transparencia: tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se reservara por cinco años, con motivos de seguridad nacional, los convenios de compra de las vacunas anti-covid durante la pandemia, el presidente aseguró que se dará la información porque “no tiene nada que esconder”.

Así, el presidente deja un precedente importante y marca lo que, desde un primer momento, nuestro máximo tribunal de justicia debió hacer: defender la constitución y garantizar el goce del artículo sexto constitucional, relativo al derecho humano del acceso a la información pública.

Lo anterior porque si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública valida reservar la información que comprometa la seguridad nacional, quienes intentaron reservar esta información nunca aplicaron una prueba de daño que demostrara el riesgo real que implicaba su divulgación.

Y es que para que una información sea reservada, primero se tiene que cumplir con lo estatuido en el artículo 104 de dicha ley, cuyo texto dice que en la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de prejuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de prejuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el prejuicio.

Cuesta trabajo entender --porque la corte no lo dice con claridad-- en qué afecta la seguridad nacional conocer cuánto costaron las vacunas adquiridas por el gobierno de López Obrador durante la pandemia, cuál es el prejuicio y la afectación al interés público de una información cuyos datos igual se pueden inferir al comparar el gasto del sector salud en el 2019 con el 2020, información que está disponible en el análisis financiero de informe de egresos de la federación. Es decir, es información ya pública.

Lo delicado del asunto es que la corte no tuviera la acuciosidad por cumplir con lo establecido en la ley, referente a la prueba de daño, porque sus sentencias, cuando no son jurisprudencia, sí constituyen criterios orientadores que podrían influir en una resolución negativa de futuros casos en los tribunales federales.

Si bien la SCJN dejó en claro que podría divulgarse una versión pública “en la que se pudieran apreciar aquellos aspectos que no fueran materia de la reserva o constituyan información confidencial”, sí es importante reconocerle al presidente su postura a favor de la transparencia y por respetar un derecho humano, como es el del acceso a la información pública.

DOS PUNTOS

La gobernadora Indira Vizcaíno, en diversas declaraciones, ha destacado la importancia de la transparencia, como un mecanismo indispensable para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, este mensaje de la gobernadora todavía no ha permeado en quienes integran las diversas dependencias de su gobierno.

De ahí que se mantenga sin actualizar la página de transparencia, en su mayoría de apartados, relativos al artículo 29 y 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Esta omisión es culpa de quienes integran las unidades de transparencia de las diferentes dependencias del poder ejecutivo, cuya negligencia no sólo los hace acreedores a diversos tipos de sanciones y multas, sino que afectan principalmente la imagen de la gobernadora Indira, al igual que el derecho humano de la información del pueblo de Colima.

Ojalá que ahora con el ejemplo del presidente López Obrador, estos funcionarios se pongan las pilas y actualicen los portales de transparencia de sus respectivas secretarías. Si no lo hacen, podrían llegarles multas de 14 mil o hasta 180 mil pesos, pero lo más importante, estarían afectando la imagen de un gobierno y el derecho de la población al acceso a la información.