No me detendrán amenazas, exigimos transparencia: Paco Rodríguez

PEDRO PUENTE PÉREZ | Colima | 01/07/2013

*Lo hago responsable de lo que me pase a mi o a los míos *Unen esfuerzos a nivel nacional, adelanta que elevarán denuncia a nivel federal

El diputado local perredista, Francisco Rodríguez García, aseguró que no le asustan ni lo detendrán las amenazas del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Jesús Orozco Alfaro, “ni sus emplazamientos, ni sus demandas que puedan emprender él o sus socios, contra un servidor”.

Así mismo señaló que “lo hago responsable de todo lo que pueda pasarme a mi o a los míos, pero no nos detendremos, vamos a exigir la transparencia de la deuda y sus pasivos de corto de plazo, el ejercicio del gasto y la forma inexplicable de enriquecimiento de varios funcionarios y socios de esta administración”.

Adelantó que a nivel nacional el PRD ha unido esfuerzos y se elevará la denuncia a nivel federal para llamar la atención a la Secretaría de Hacienda y del Presidente de la República sobre el manejo de las finanzas estatales.

El diputado agregó que en Colima no es delito llamar las cosas y a las personas por su propio nombre, “¿es delito decirle corrupto al corrupto? Si esto es delito, entonces soy delincuente, pero como el peculado sí lo es (delito), entonces ellos son corruptos”.

Así mismo dejó en claro que la denuncia realizada fue en carácter de diputado local, de representante popular, “la constitución me obliga a vigilar el ejercicio del gasto público, lo hice por defender y garantizar un interés público que son las finanzas estatales, un interés legítimo, derivado por un conjunto de denuncias de diferentes miembros y empleados del gobierno, de diferentes niveles y dependencias de la administración, que les consta y les indigna la forma tan agraviante en que se están enriqueciendo los funcionarios de primer nivel del gobernador”.

Rodríguez García aseveró que tiene testigos del hurto a las arcas públicas, “quienes porque son amenazados o tienen temor de denunciar estos hechos no la hacen público, por las represalias económicas y que hasta su trabajo lo pueden perder”.

Llamó a Orozco Alfaro que si quiere pruebas de lo que ha denunciado el legislador “le pido al Secretario que no oculte esta información, que les pedimos… en base a la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Asimismo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública; así como del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.

Aunque puso en duda que le entregue la información solicitada, argumentando que “esta mucho en juego, son muchos los millones que se han desviado del erario público”.

Refirió que “la dirigencia en pleno hemos notificado a nuestros dirigentes nacionales, a nuestros senadores y diputados federales, hemos unido esfuerzos, contactos y relaciones con el centro del país, para elevar ésta denuncia a nivel federal, para llamar la atención de la Secretaría de Hacienda y del Presidente de la República sobre el manejo de las finanzas estatales”.

Dijo que apela al compromiso de Peña Nieto y Videgaray de no permitir atropellos y malos manejos de los recursos públicos.

Por lo cual exigió la misma eficiencia legal y voluntad política que aplicaron a los casos Gordillo y Granier. “Resulta urgente se atienda esta demanda antes de que sigan dañando las, ya de por sí deterioradas, finanzas locales o se vayan a o ocupar otro cargo federal, como premio a su pésima administración.

Francisco Rodríguez recordó que el delito de difamación fue derogado el 17 de abril por la actual Legislatura, “se quitaron del Código Penal por inconstitucionales, que establecían hasta 5 años de prisión. En cambio, tanto el peculado como el enriquecimiento ilícito están vigentes, y contemplan penas de hasta 15 y 9 años de prisión, respectivamente. Sólo exigimos que no haya impunidad en Colima, que el gobierno federal no lo permita”.

Aclaró el diputad que “éstas y las anteriores declaraciones, las realizo al amparo del artículo 6to de la Constitución General de la República, que es enfático al prohibir que se imponga inquisición judicial o administrativa alguna como consecuencia de la libre manifestación de las ideas”.

También explicó que no se puede integrar tampoco la calumnia, toda vez que se requiere que el daño causado al honor de las personas sea efectivo, “es decir, que la comunicación dolosa cause efectivamente deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio… yo no los he difamado ni calumniado, ellos por sus actos, su incapacidad se han difamado así mismos, su deshonra pública es causada por sus actos y omisiones en el ejercicio del poder. Yo solo les dije sus verdades, de que se presume, un millonario desvío de recursos públicos que coinciden con una nueva clase de ricos en Colima”.