BITÁCORA REPORTERIL

Administrador Colimapm | Opinión | 16/05/2022

EL PRESIDENTE TIENE RAZÓN

POR: César Barrera Vázquez

EL presidente López Obrador tiene razón cuando afirma que los integrantes de las bandas criminales también son seres humanos; y es que el hecho de ser de la especie humana ya te da, por tener esa condición, derechos y prerrogativas consagradas en la constitución y los tratados internacionales.

Se trata, en ese sentido, del principio de universalidad, y por eso los violadores, asesinos, ladrones y todo aquel que delinque o comete un delito penal no deja, por ese deleznable hecho, de ser un ser humano y gozar de estos derechos, por más execrables que nos parezcan quienes cometen esos actos inhumanos. 

Por lo tanto, el asunto de fondo no es la universalidad de los derechos humanos, como lo afirma el presidente, pues a fin de cuentas es obligación del estado respetarlos, sino más bien los resultados de la estrategia de no intervención del presidente, la cual también vulnera derechos humanos de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

De ahí que durante los casi cuatro años del gobierno de López Obrador el número de asesinatos, relacionados con la violencia delincuencial, aumentaran a un nivel histórico, sin parangón desde que se lleva el registro, al superar ya los 110 mil homicidios y acumular más de 3 mil feminicidios.

¿Dónde quedan los derechos humanos del resto de la población, como el de seguridad, el de justicia y el derecho a la paz? Esos también son derechos humanos y base esencial para la existencia del estado mismo, consagrados por igual en la constitución y los tratados internacionales del cual el estado mexicano es parte.

Así, pretextando la no violación de los derechos humanos de criminales, el presidente claudica a su obligación de hacer valer y respetar el estado de derecho, pues el gobierno es el único facultado para utilizar la violencia –incluso de forma letal- cuando peligra la gobernabilidad del país.

Las imágenes de soldados sobajados, insultados y golpeados por grupos criminales son resultado de esta ingobernabilidad en nuestro país, cuya consecuencia es directamente proporcional a la falta de acción del presidente, quien se niega hacer uso de la fuerza para garantizar el estado de derecho.

Por consiguiente, tenemos un poder criminal cada vez más fuerte y envalentonado, que cobra piso a comerciantes, que secuestra y extorsiona, incluso asesina a ciudadanos inocentes, sin que el gobierno actúe, pretextando los derechos humanos de quienes son los causantes de la ingobernabilidad y el derramamiento de sangre.

Si las fuerzas armadas están atadas de manos y no pueden defenderse, incluso dentro de las posibilidades que el marco jurídico les da, es una ignominia que el presidente los mantenga realizando labores de policía. Sería mejor, en todo caso, que los regrese a los cuarteles para no exponerlos y tampoco seguir desgastando a la institución.

Por otro lado, tampoco se trata de masacrar a civiles, como se documentó en el pasado. Es un falso debate que sólo existan esas dos opciones: dejarlos hacer o asesinarlos. Se trata de garantizar el estado de derecho: que sepan los criminales que violar la ley tiene consecuencias, incluso fatales.

Y eso es así porque la sobrevivencia del mismo estado depende de su capacidad de dar seguridad a sus gobernados. Si no lo logra y deja que los grupos criminales se empoderen, entonces estaríamos a la merced de un estado criminal que usurparía al mismo estado mexicano. La decisión no es sencilla, pero las consecuencias de dejar hacer, del abrazo, no balazos, ya están a la vista.

DOS PUNTOS

El PRI y PAN dieron un ejemplo que no son una oposición recalcitrante y refractaria, al estilo de Morena: respaldaron el voto a favor de la gobernadora Indira para que Vladimir Parra fuera director general de Ciapacov (sólo se abstuvieron Héctor Magaña, Lizzi Peña y Crispín Guerra). No sólo en este caso, sino desde que asumió la gubernatura Indira ha tenido el voto de confianza de las presidentas municipales de Colima y Villa de Álvarez, así como de las y los legisladores de oposición. Así, la gobernadora no puede pretextar la falta de resultados por la oposición, pues ésta se ha armonizado, sin dejar de ser crítica, a los planes y acciones de su gobierno. A pesar de que hay un discurso que los adjetiva de traidores, corruptos, vende patrias y demás descalificaciones, la oposición tiende la mano y da muestra de una civilidad política que también es un frío cálculo político.